Prensa GADLP | 07-10-2025
Ante la resolución de dos vocales de la Sala Constitucional Segunda de La Paz, que se inclinaron a favor de avasallamientos, la Gobernación paceña activa cinco acciones legales para preservar los predios de Kallutaca en El Alto, donde hay más de 500 hectáreas que servirán para el futuro parque industrial.
“Queremos denunciar la flagrante comisión de delitos por parte de una organización criminal conformada por abogados, vocales y avasalladores, cuyo único objetivo es despojar al Estado de terrenos que pertenecen a todos los paceños”, explicó el director de Gestión Jurídica de la Gobernación, Sergio Huamán, al momento de detallar la resolución de amparo constitucional que dio tutela a un grupo de personas, sin ningún derecho propietario, lo que vulnera los intereses del departamento.
Huamán recordó que en agosto la Gobernación, con el apoyo de organizaciones sociales y de la fuerza pública, recuperó y demolió las construcciones ilegales que avasallaron más de 500 hectáreas en Kallutaca, tras un largo proceso de autotutela administrativa. “Después de tantos años de lucha, demolición y recuperación, nos sorprende que se intente devolver estos predios a los avasalladores con un fallo ilegal”, afirmó el jurista.
En esa línea, el funcionario departamental explicó que los supuestos propietarios presentaron documentación fraguada, incluso con respaldo de planos y certificados falsificados en el municipio de Laja. “Hemos demostrado que no tienen folio real, que no cuentan con ninguna documentación legítima y aun así los vocales René Delgado Ecos y José Sáenz decidieron fallar en su favor. Esto nos demuestra que existe un consorcio entre abogados, vocales y avasalladores”, enfatizó.
Un hecho que llamó la atención a la Gobernación fue la rapidez del fallo. “Generalmente una sala constitucional tarda al menos media hora en deliberar, pero en este caso no pasaron ni cinco minutos. Eso significa que la resolución ya estaba preparada antes de la audiencia”, relató Huamán, a tiempo de alertar que la resolución pone en riesgo un patrimonio valuado en más de Bs 60 millones.
El jurista de la Gobernación informó que ante una instrucción expresa del Gobernador Santos Quispe, quien dispuso actuar con firmeza y luchar por los intereses del departamento, se definieron cinco líneas de acción para encarar la defensa legal del departamento ante los intentos de despojo de terrenos.
La primera línea consiste en mantener informadas y convocar a todas las instituciones del Estado, en sus diferentes órganos, para establecer una defensa conjunta de los predios que son del pueblo paceño. La segunda línea será solicitar una complementación y enmienda de la resolución judicial, además de una queja formal, así como acciones ante el Tribunal Constitucional en Sucre, con el objetivo de lograr la nulidad de los actos ilegales y establecer sanciones disciplinarias y penales contra los responsables.
“La tercera línea de acción es que vamos a interponer una denuncia penal ante el Ministerio Público por la comisión de los delitos flagrantes, producto de esta resolución que afecta a los paceños. Así también tomaremos acciones penales en contra los vocales de la sala constitucional y los abogados que han firmado la acción de amparo, así como los avasalladores”, dijo Huamán.
Luego, prosiguió: “finalmente, como última línea de acción, estamos analizando la posibilidad de también acudir a la justicia constitucional para interponer una acción en contra de esta resolución y esta violación a los derechos que tenemos como departamento”, subrayó el abogado de la Gobernación.
La Gobernación cerró su posición con un llamado a la unidad de las instituciones públicas, sociales y judiciales, para resguardar lo que pertenece al pueblo paceño. “Defenderemos férreamente estas tierras porque representan el desarrollo industrial de La Paz y no vamos a permitir que se despoje al departamento con resoluciones ilegales”, enfatizó Huamán.
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IBP
