Prensa GADLP | 22-10-2025
El Órgano Ejecutivo de la Gobernación paceña insta a los asambleístas de la comisión de Infraestructura y Obras Públicas a regir su función fiscalizadora en el marco de sus competencias y según reglamento. Esta omisión de los legisladores llevó a que una sala constitucional rechace un recurso interpuesto por el que querían obtener información del ámbito jurídico.
El director de Gestión Jurídica, Sergio Huamán Choque, precisó que el grupo de legisladores interpuso una acción de cumplimiento contra el Gobernador, Santos Quispe y la institución departamental.
“Estos señores tienen que acogerse a lo que dice la Constitución, a sus reglamentos como asambleístas, toda la normativa interna que tiene la Asamblea Legislativa Departamental, porque de lo contrario, el no cumplir las normas va a carecer al principio de legalidad y estas actuaciones van a ser totalmente observables, van a carecer de esa legalidad que tiene que tener todo acto administrativo”, sostuvo el jurista.
Huamán explicó que la acción constitucional fue rechazada, debido a que los asambleístas no cumplieron con los requisitos básicos de admisibilidad. Agregó que la formulación de este recurso fue infundada y que constituye un uso inadecuado de la justicia constitucional; por lo que en más, fue una “pérdida de tiempo y recursos del Estado”.
Según el jurista de la Gobernación, el recurso constitucional no solo carecía de sustento normativo, sino que no corresponden las competencias, ya que se trata de la Comisión de Infraestructura y Obras Públicas, que debe regirse en el ámbito respectivo y no así de asuntos jurídicos civiles. Este grupo está integrado por Lino Mamani Quispe, Israel Angel Alanoca Chavez, Samanta Coronado Ramirez, Aida Quispe Calle, María Isabel Limachi Paredes y Fernando Condori Chambi.
“¿Cómo ellos, estando en la comisión de Infraestructura y Obras Públicas, están preguntando sobre temas jurídicos de la Gobernación? Ya que la Secretaría Departamental de Asuntos Jurídicos no construye caminos ni puentes”, enfatizó Huaman.
El caso, que fue conocido en audiencia pública, evidenció que los asambleístas desconocen o incumplen el procedimiento que rige su labor de fiscalización. Según Huamán, el Ejecutivo departamental hizo notar esa irregularidad y actuó conforme al principio de legalidad, además de defender los intereses de la institución y de la población.
La labor de la comisión de Infraestructura y Obras Públicas está enfocada en fiscalizar proyectos de inversión y ejecución, no en requerimientos jurídicos o administrativos. Pese a ello, insistieron en obtener información ajena a sus competencias, lo que generó el rechazo del recurso por parte de la justicia constitucional, afirmó Huamán.
El Ejecutivo departamental reiteró su “respeto a la independencia” del Órgano Legislativo paceño, pero instó a sus integrantes a ejercer sus atribuciones con responsabilidad, conocimiento de causa y apego a la norma.
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IBP
